El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la llamada Ley Anti Milpa debe ser un proceso de regulación constitucional que sancione a quienes cometan actos de corrupción desde el servicio público.
Durante la conferencia matutina estatal, Armenta subrayó que su administración actúa con estricto apego a la ley, sin motivaciones políticas, y reiteró que no se persigue a nadie, sino que se promueven valores y principios.
«Las leyes se crean para regular la convivencia y garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado que sirven a la sociedad», enfatizó.
El mandatario estatal comparó la corrupción con una «maleza que nace todo el tiempo», por lo que, dijo, debe combatirse de manera permanente. En ese sentido, llamó a transparentar los llamados “donativos milpa” o “diezmos”, al señalar como ejemplo el caso del Museo Barroco:
«Un museo que iba a costar 600 millones nos cuesta 14 mil millones de pesos. Fue una acción deliberada de saqueo institucional al amparo del poder», denunció.
Alejandro Armenta concluyó que el propósito del servicio público debe ser servir a la sociedad y no obtener beneficios personales o políticos:
“La función es servir, no cuánto les va a dejar el sexenio o el trienio”, advirtió, dirigiéndose especialmente a quienes aspiren a cargos de elección popular como presidencias municipales o gubernaturas.
